Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista

En este y en los demás casos de procesos responsabilidad fiscal abiertos y en curso, se solicita búsqueda de bienes de los implicados.

 *Aplicando el principio de verdad sabida y buena fe guardada, el Contralor General de la República suspendió al Alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, al que se le abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.051 millones, por presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos.

 *Vinculados a proceso de responsabilidad fiscal  el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y  la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.

 *El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares.

 *La Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500).

 *Acciones fiscales, penales y disciplinarias de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría contra Alcaldes de Sincelejo (Sucre), Malambo (Atlántico) y Girón (Santander).

 *Contraloría y Procuraduría toman decisiones fiscales y disciplinarias contra Gobernadora del Valle del Cauca y Alcalde de Coveñas (Sucre).

 *“Transparencia para la Emergencia”. Por presuntos sobrecostos en contratación de kits alimentarios: Contraloría abrió procesos de responsabilidad fiscal, por  un total de  $3.885  millones, contra la Gobernadora del Valle del Cauca y los Alcaldes de Medellín, Sincelejo  Malambo, Girón y Coveñas.

 *La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $311.935.026 contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19.

 *Abrió además un proceso de responsabilidad fiscal por $942.750.372 contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.

 *En el caso del Municipio de Malambo (Atlántico), se evidencia un detrimento fiscal de $1.107 millones relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de suministro de 80.000 mercados a la población vulnerable de este municipio. Se abre proceso de responsabilidad fiscal, por esta cuantía, contra el Alcalde, Rummenigge Monsalve Álvarez.

 *Allí, en Malambo, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos por contrato, para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea  por un valor de $178 millones, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones.

 *La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración para el suministro de 20.000 kits alimentarios.

 *Y en lo que toca con el municipio de Coveñas (Sucre), se abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el Alcalde, Rafael Antonio Ospina Toscano,

en cuantía de $229 millones por presuntos sobrecostos en la celebración de un contrato de suministro de kits de alimentos y de aseo.

 *El Contralor General de la Republica, Carlos Felipe Córdoba, declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con la ocurrencia de presuntas  irregularidades en la adquisición por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de 769.677 kits alimentarios, por un valor total de $95.723.616.000. Se abre de inmediato indagación preliminar.

*Esta investigación por presuntos sobrecostos en 93 órdenes de pago celebradas por la Ungrd, fue asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

 *La CGR abre 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos de Covid-19, que involucran a 12 Gobernaciones, 10 Alcaldías, 4 entidades de salud y la Armada Nacional.

 *En la Gobernación de César se indagan 4 contratos; en las Gobernaciones de Valle, Tolima y Casanare 2. También se llevan 2 indagaciones en la Alcaldía de Tumaco (Ñariño).

 *Las indagaciones preliminares abarcan además a las Gobernaciones de Atlántico, Nariño, Sucre, Norte de Santander, Magdalena, Vichada, Putumayo y Guainía; y Alcaldías de capitales como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería y Puerto Carreño.

 *También se abrieron indagaciones relacionadas con las Alcaldías de Barrancabermeja y Floridablanca (Santander), Granada (Meta), Susacón (Boyacá), Abejorral (Antioquia), Curamaní (Cesar), Ramiriquí (Boyacá) y Girardot (Cundinamarca).

 *5 contrataciones de entidades de salud dieron lugar a indagaciones preliminares y tienen que ver con la ESE IMSALUD en Cúcuta (2 casos), el Hospital Universitario San José de Popayán ESE, la ESE Santiago de Tunja y la ESE Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal.

 *Con todas estas indagaciones preliminares se determinará si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.

 *Una de las dos indagaciones preliminares abiertas a la Gobernación del Valle del Cauca tiene que ver con presuntos sobrecostos (de más de $452 millones) en un contrato suscrito con la Federación Nacional de  Comerciantes Fenalco Seccional Valle del Cauca, para la adquisición de bonos de alimentos, para atender la población vulnerable del departamento.

 *Indagación preliminar por presuntos sobrecostos en contrato suscrito entre el departamento del Atlántico y Trading Group Int para el Suministro de kits de asistencia humanitaria, en atención a la población vulnerable.

*También se indagan presuntos sobrecostos en contrato  suscrito por la Alcaldía de Barranquilla con Servicios de Alimentación NP SA, para el suministro y entrega de mercados básicos.

 *En el caso de la Alcaldía de Cartagena, se abre indagación por presuntos sobrecostos en suscrito con Ventas Distribución y Marketing Ltda, para el suministro de insumos sanitarios y de protección.

 *Y en Medellín, se indaga por posibles sobrecostos en el contrato suscrito con Tecnididacticos Ind SA, para el suministro de implementos de autocuidado para prevenir el Covid-19.

 *La Gobernación de Putumayo adquirió 10 ambulancias,  generando una pérdida de recursos públicos dado que en la actualidad el departamento cuenta con 43 ambulancias básicas y 48 ambulancias medicalizadas, las cuales se encuentran habilitadas y en funcionamiento. El presunto daño patrimonial asciende a $1.730 millones, equivalente al valor del anticipo que entregó al contratista.

 *Se determinó además un presunto sobrecosto, en la adquisición de las ambulancias, que pasa de $113 millones por cada ambulancia, para un sobrecosto total de $1.139 millones.

 *El Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento de Casanare adquirió equipos biomédicos con presuntos sobrecostos del 113% Un desfibrilador, que tiene un valor de referencia en el mercado de $14.300.000, se compró en $47.970.000.851 a $5.

 *La Contraloría le puso también la lupa al manejo de regalías, por motivo de la pandemia, y encontró presuntos sobrecostos en un contrato suscrito entre el alcalde de Buesaco (Nariño) y la empresa Wab Ingeniería SAS, domiciliada en Pasto, y cuya principal actividad comercial es la publicidad.

 *La Contraloría ha realizado 227 alertas preventivas por presuntos sobrecostos en cuantía de $17.200 millones, en contratos Covid por $419.000 millones.

 *Gracias al control preventivo, la CGR le ahorró al Estado $25.000 millones en contratos renegociados por alertas de la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).

 *Las alertas de la CGR han servido también para que se cancelen o liquiden contratos por $3.200 millones. Es así como se canceló un contrato en Medellín por $2.462 millones, 2 contratos en Guaduas (Cundinamarca) por $560 millones y un contrato en Cali por $62 millones.

 *Contratación de víveres, artículos de aseo personal y de bioseguridad, en Guaduas (Cundinamarca), y de tapabocas por parte del Municipio de Medellín, dos casos donde la Contraloría advirtió posibles sobrecostos, se liquidaron los contratos y se salvaguardó el recurso público.

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